El 23 de noviembre el fiscal de Pichincha, Alberto Santillán, allanó las instalaciones de la prefectura y también el domicilio de la prefecta Johanna Núñez.
El allanamiento de las instalaciones de la prefectura de Santo Domingo se derivó de una investigación realizada por el asambleísta Ricardo Vanegas (Pachakutik), quien recibió una denuncia ciudadana de un ex funcionario de la prefectura en agosto pasado.
La investigación, según Vanegas, determina un presunto cometimiento de peculado por parte de la prefecta de esa provincia, Johanna Núñez, por un supuesto uso y aprovechamiento de maquinaria contratada por la prefectura en beneficio del mejoramiento de un lote de terreno de la compañía Willfam S.A., en la cual el esposo de la prefecta y sus hijos son accionistas.
El legislador nacional dijo que pidió la intervención directa de la Fiscalía General del Estado, Diana Salazar, porque “ese hecho constituye peculado puro, porque no se puede construir o reconstruir una carretera, y con el material que sale rellenar un terreno que pertenece a la autoridad o a su familia, por lo tanto, se está beneficiando de la obra y existe un desvío de dinero”, afirmó.
El 23 de noviembre, el fiscal de Pichincha Alberto Santillán, encabezó el operativo de allanamiento en la sede de la Prefectura Tsáchila y otros predios se buscaron indicios relacionados con un presunto delito de peculado en un contrato de una obra vial en esa provincia. El domicilio de la prefecta de Santo Domingo, Johanna Núñez, también fue intervenido.
Vanegas comentó que pidió información sobre el desalojo del excedente de excavación de la ampliación de la vía Santo Domingo – Quito, a la prefectura de Santo Domingo y a la empresa pública EPCO Tsáchilas, pero que no obtuvo respuestas claras.
Además solicitó al Ministerio de Trasporte y Obras Públicas que presente los estudios que sustentaron para la prefactibilidad del proyecto de ampliación de la vía, en donde se indique el lugar establecido para el desalojo del excedente de excavación.
Ante la falta de información sobre los requerimientos realizaron una petición de acto urgente a l Fiscalía General del Estado, por lo que el allanamiento realizado el 23 de noviembre, tuvo como objetivo obtener todos los documentos y archivos digitales que constituyan elementos de convicción para la realización del proceso penal en contra de la prefecta Núñez.
Vanegas dijo que aparentemente la prefecta de Santo Domingo una vez que ganó las elecciones adquirió una compañía en conjunto con su esposo y su hijo, y adquirieron varios terrenos que necesitaban rellenarse, y que cerca de la propiedad la prefecta llevó adelante un proyecto de repavimentación de la vía Santo Domingo-Quito, y al parecer el material que se retiró de la vía fue depositado en los terrenos que compró la compañía familiar de la actual prefecta.
Indicó que a la Fiscalía entregó toda la documentación que pudo recabar como los contratos de obra, la fiscalización, la adjudicación e información remitida por la Superintendencia de Compañías y pidió que se actúe, porque ya no le corresponde a la Asamblea Nacional, porque no pueden entrar a analizar el tema de los funcionarios de elección popular como los prefectos, pero dentro de la labor de fiscalización se puede investigar y entregar los resultados a la Fiscalía para que actúe.
Fuente: El Universo
No hay comentarios:
Publicar un comentario